22 de octubre, 2019

Las 3 del día

La “lista negra” de los peñistas en la mira de la 4T

En lo que parece ser un estrechamiento del cerco en torno a Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha pedido información detallada de los movimientos financieros y bancarios de 56 políticos, empresarios, ex colaboradores y amigos del expresidente de México, todos ellos originarios o avecindados en el Estado de México, y a quienes están rastreando lo mismo en la banca privada y en las Sofom, que en sus “operaciones inusuales”, que en peticiones a la Fed de Estados Unidos, vía la embajada en México, y la Interpol, o en información pedida a la Unión Europea, a la Defensa y la Marina, en la Plataforma México, que en los Tribunales penales y Administrativos.

La lista de peñistas y mexiquenses, todos vinculados al Grupo Atlacomulco y cercanos al expresidente Peña Nieto, incluye desde el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza; su oficial mayor, Rodrigo Ramírez Reyes; el exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; el extitular de Sedesol, Luis Miranda Nava; el exdirector de la CFE y exdirigente del PRI y actual diputado federal, Enrique Ochoa Reza, y el exprocurador general Jesús Murillo Karam, hasta el exconsejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos; el exsecretario particular, Erwin Lino; el exvocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez Hernández; el exsecretario auxiliar y actual diputado federal del PVEM, Jorge Corona Méndez; el extitular de la UIF de Hacienda, Alberto Bazbaz; el extitular de Capufe, Benito Neme Sastre; la excoordinadora de Estrategia Digital de Los Pinos, Alejandra Lagunes, y el exsecretario de Finanzas del PRI, Luis Vega Aguilar.

A todos ellos se les rastrean además sus vuelos nacionales y extranjeros, tanto privados como comerciales con rutas y destinos; sus compras en agencias de vehículos, y autos en el Registro Público Vehicular y en los estados, sus movimientos en Notarías Públicas, y se solicita un Reporte Blanco y del antiguo Cisen, además de que son objeto especial de un seguimiento por parte de un equipo especial de la SHCP y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

Una fuente del gobierno de la República confirmó que derivado de los hallazgos de estas investigaciones se solicitará a la Fiscalía General de la República que inicie carpetas de investigación en contra de los políticos y empresarios mexiquenses, cuya información será “administrada y dosificada” para, en los casos en que se detecten irregularidades o delitos graves que perseguir, solicitar las investigaciones y las posibles órdenes de aprehensión en contra de quienes hayan incurrido en violaciones legales.

En la “lista negra” de peñistas mexiquenses también aparecen los empresarios Armando Hinojosa Cantú, constructor y compadre de Peña Nieto y quien financió la “Casa Blanca” de Las LomasFrancisco Funtanet MangeGabino Fraga MouretJosé Chedraui Budid, quien operó el esquema de las tarjetas Monex para financiar la campaña de Peña; Ricardo San Román Dunne, Jorge Antonio Haua Rancher José Miguel Bejos.

El listado en poder de la UIF la completan Alejandro Quintero Íñiguez, publicista y exvicepresidente de Televisa y acusado de producir documentales y campañas negras en contra de Andrés Manuel López Obrador; Luis Maccise Uribe, empresario de medios que adquirió varias empresas en el sexenio anterior; Juan Carlos Morales, exfotógrafo oficial de Los Pinos; Gustavo Cárdenas Monroy; Luis Felipe Puente Espinoza, exdirector de Protección Civil de Segob; Manuel Cadena Morales, Ricardo de la Cruz Musalem, Fernando Florez Fernández, Erasto Martínez Rojas, Maribel Cervantes Aguirre, Xavier Lazcano Díaz, Gabriel O’Shea Cuevas, Eustaquio de Nicolás Gutiérrez, Pedro Acra Negrete, José Manzur Quiroga, exsecretario de Gobierno del Edomex; Carlos Rello Lara, extitular del Fondo de Expropiación de los ingenios azucareros;  Daniel Madariaga Barrilado, Eduardo Gasca Pliego, Jesús Alcántara Núñez, Eduardo Luque Altamirano, José Antonio Rodarte Leal, Oscar Callejo Silva, Isaac Gamboa Lozano, Antonio Chemor Ruiz, Ricardo Mercado Galán, Héctor Velasco Monroy, Evangelina Lara Alcántara, César Nomar Gómez Monge y Adrián Fuentes Villalobos.

La pregunta, con tantos peñistas del círculo cercano político, empresarial y de colaboradores, que están siendo investigados en sus movimientos y manejos financieros, es cuántos de ellos serán llamados a cuentas por la FGR y cuántos de esa larga “lista negra” estarían dispuestos a “cantar” o a dar información que conduzca a la punta de la pirámide que los une a todos: el expresidente Enrique Peña Nieto. Será cuestión de tiempo para ver cuántos de los políticos, empresarios, exfuncionarios y colaboradores empiezan a aparecer en investigaciones judiciales que, según insisten las fuentes gubernamentales, no serán sacados todos de golpe sino, poco a poco, conforme la Cuarta Transformación vaya requiriendo de un poco de “sangre” y otro poco de “caja china” para enfrentar los tropiezos y complicaciones naturales en cada gobierno.


18 millones de ‘chocolates’

La legalización de los llamados ‘autos chocolate’ refleja una forma de funcionamiento del gobierno que puede ser profundamente inhibitoria para las inversiones.

La mecánica con la que se instrumentó la medida fue al más viejo estilo priista.

Casi a punto de votarse la Ley de Ingresos, se encomendó a un diputado morenista de un distrito de la frontera, San Luis Río Colorado, en Sonora, que hiciera la propuesta para incluir un transitorio en la ley para abrir la puerta a la regularización de los autos ilegales.

El resultado de la votación refleja el momento. Hubo 160 ausencias. Pero de los 339 presentes, hubo solo seis votos en contra. Uno de Morena, 4 del PAN y 1 del PRD.

En esta votación, se reflejó el interés esencial de los partidos, que es tener una base de votantes, al margen de las consecuencias de la decisión.

El argumento del diputado morenista Manuel López Castillo, que propuso la adición es que si ya están los autos chocolate en México, más vale legalizarlos porque ni modo que llegue “el ejército de la ONU” (sic) y los saque.

E hizo cuentas alegres para Hacienda: 50 mil millones de pesos, lo que implica que la legalización costaría en promedio 2 mil 777 pesos por vehículo, si se asume que serían 18 millones, lo que de acuerdo con la industria automotriz está inflado.

El argumento es que la compra de autos ilegales es el recurso que tiene la gente de menos recursos para hacerse de un auto.

Bajo esa lógica, se puede justificar cualquier violación a ley que se encuadre en la necesidad de la población de menores ingresos.

Creo que la industria automotriz exagera un poco cuando se habla de que la medida producirá una caída de 30 por ciento en las ventas. Pero no sería nada difícil que se sumara otro 10 a 15 por ciento a la caída que ya tiene.

En septiembre de este año se vendieron 23.6 por ciento menos vehículos que en el mismo mes de 2016.

Pero la lógica morenista es que se trata de los fabricantes y los distribuidores. Ni modo, que pierdan.

Y por si algo faltara, la medida hace ver como mentirosos o sin poder a funcionarios como el secretario de Hacienda, la secretaria de Economía o el Jefe de la Oficina de la Presidencia, que ofrecieron a la industria que eso no ocurriría.

Ante la medida se va a incentivar la internación de más autos ilegales.

Si se consiguen a menor precio en Estados Unidos que en México y si se percibe que el Poder Legislativo tiene buena disposición para legalizarlos después de internados, apelando a que se trata de un hecho consumado, el golpe es completo.

Hasta ahora, ninguno de los funcionarios del Ejecutivo que habían ofrecido que esta medida no pasaría, han dicho ‘esta boca es mía’.

¿Será que se percibe que hubo línea desde arriba o que es políticamente inconveniente rechazar una medida así?

Más allá del efecto en la rama más importante de las manufacturas, el tema de fondo es que se sigue imponiendo el violentar las reglas o cambiar la leyen función de intereses políticos.


La ilegalidad del Presidente

Las tres primeras preguntas de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador el viernes pasado en Oaxaca, formuladas por el reportero Alberto Morales, de El Universal, fueron puntuales y provocaron una respuesta de consecuencias no vistas. Morales preguntó su evaluación sobre los eventos en Culiacán, cómo le informó el gabinete de seguridad, quién tomó la decisión para liberar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y qué se valoró para liberarlo. Las respuestas merecen se transcritas:

“A mí me informaron por la tarde. (El viernes) van a dar el relato sobre los acontecimientos en el tiempo… Comenzó alrededor de las tres de la tarde, un poco más. De inmediato se reunieron los integrantes del Gabinete de Seguridad para darle seguimiento a todo este asunto. El secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad, se concentraron, se reunieron y le dieron seguimiento al problema, y tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalo, porque se tornó muy difícil la situación.

“Y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos, y se decidió proteger la vida de las personas. Y yo estuve de acuerdo con eso, porque no se trata de masacres, ya eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé. También decirles que se trató de un operativo que llevó a cabo el Ejército a partir de una orden de aprehensión de un presunto delincuente; pero, como ya lo expliqué, hubo una reacción muy violenta y se ponía en riesgo la vida de mucha gente”.

La respuesta del Presidente es moral, pero políticamente equívoca y legalmente una aberración. López Obrador mostró:

1.- Que la ley, para él, es discresional.

2.- Viola el artículo 16 de la Constitución, en cuyo párrafo cuatro establece: “La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal”.

3.- Él no tenía atribuciones legales para liberar a Guzmán López. La Fiscalía General es quien las tiene.

4.- Las declaraciones del Presidente lo hace un delincuente confeso, al violar el artículo 150 del Código Penal Federal, que establece:

“Se aplicarán de seis meses a nueve años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. Si el detenido o procesado estuviese inculpado por delito o delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impondrán de siete a quince años de prisión, o bien, tratándose de la evasión de un condenado, se aumentarán hasta veinte años de prisión.

“Si quien propicie la evasión fuese servidor público, se le incrementará la pena en una tercera parte de las penas señaladas en este artículo, según corresponda. Además será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un período de ocho a doce años”.

5.- Violó convenios internacionales suscritos por México, como el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, que establece en su artículo 28:

“El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar, será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando:

1.- i) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; y

2.- ii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de investigación y enjuiciamiento”.

6.- Violó tres convenciones de Naciones Unidas, sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, Contra la Delincuencia Organizada Transacional, y Contra la Corrupción.

Las declaraciones del Presidente no dan lugar a duda sobre la violación en la que incurrieron el gabinete de seguridad y él mismo. Aceptar un chantaje del crimen organizado lo desnuda como un Presidente débil al frente de un Estado débil, y sometido por acciones terroristas. El argumento moral sólo se sostiene en términos religiosos, no en el mandato de la Constitución. Esta discusión es sensible porque quienes apoyan la decisión de López Obrador lo ubican en la coyuntura del jueves, sin considerar los mensajes previos de claudicación ante el crimen organizado –amnistía o no confrontarlos–, ni lo que vendrá después.

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