14 de octubre, 2019

Las 3 del día

La regresión de Baja California

Las elecciones son procesos imperfectos. Se les puede regular al máximo, pero nunca estarán a salvo de las trampas, que están lejos de ser una característica exclusiva de la democracia mexicana. Con el affair Biden-Ucrania, Trump es un ejemplo en tiempo real de cómo se intenta manipular la voluntad ciudadana.

En el caso de México, y como se sabe pero al parecer hoy se olvida, la democracia electoral tuvo un hito en 1989, cuando el partido Acción Nacional ganó por primera vez la gubernatura de Baja California.

Lo que representó esa elección fue puesto en estos términos por el estudioso Wayne A. Cornelius:

“El significado histórico y contemporáneo de esta acción difícilmente se puede exagerar. Ceder el control presidencial sobre el gobierno de un estado hace añicos un tabú con sesenta años de edad. Al reconocer la pérdida de un estado fronterizo políticamente sensible, económicamente en crisis, se le envía una poderosa señal a cada estado y a cada líder local del Partido Revolucionario Institucional: ‘sus candidatos seguirán contando con todos los formidables recursos económicos y organizativos de la maquinaria nacional del PRI y del gobierno federal, pero si fracasan para ganar clara y limpiamente, sus ‘victorias’ ya no serán garantizadas por la Ciudad de México’”. Nexos. Agosto de 1989.

Treinta años después, parte de la clase política mexicana parece decidida a desandar la historia. Con la tolerancia del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la complicidad de su partido, el candidato ganador de los comicios bajacalifornianos de este año pretende manipular su propia elección. Sería un caso para Ripley si no fuera una cosa tan seria, que puede vulnerar a la democracia del país.

Este domingo se montó un remedo de consulta mediante el cual Bonilla pretende ensuciar una elección que no sólo ganó sino que representaba, en sí misma, otro giro electoral de nuestra historia, uno que en principio era saludable.

Con su victoria, Bonilla se convirtió en el primer no panista en ganar la gubernatura de BC, probando una vez más que los electores mexicanos castigan a los malos gobiernos, incluso a aquellos a los que han preferido en cinco ocasiones consecutivas (hay esperanza para la alcaldía Benito Juárez de Ciudad de México).

Lo que era una nota positiva ha quedado opacada por la terquedad antidemocrática de Bonilla, que ha emprendido una lucha por la vía legal y por la vía política en su pretensión de aumentar de dos a cinco años el término para el que fue elegido.

El gobernador electo ha cabildeado su idea en la capital del país y ha llevado el tema al grado de la pantomima de ayer, cuando en Baja California se instalaron urnas para “consultar” a la “ciudadanía” sobre la pretensión de Bonilla.

Hay que poner comillas porque esta consulta no pasa la prueba de la ley o de la risa y, por supuesto, no existe garantía de que quienes hayan votado sean representativos de la población bajacaliforniana.

Este episodio maltrata un elemento central de todo proceso electoral. Los ciudadanos votan en la confianza de que el resultado será no sólo legítimo sino respetado. Toda elección debe conllevar la posibilidad de la incertidumbre sobre el resultado, pero la certeza de que sin importar éste, los políticos acatarán la voluntad traducida en votos. Y a México le ha costado muchos muertos, mucho dinero y mucha frustración llegar a un escenario en que las elecciones son más o menos así.

Hoy, sin embargo, a Bonilla, a López Obrador, y a casi todos los de Morena les parece válido no respetar en todos sus términos una elección consumada. Les parece legítimo pisotear la decisión ciudadana.


México debe convencer a los demócratas

El acuerdo en materia comercial anunciado este fin de semana entre Estados Unidos y China podría no ser tan buena noticia para México.

Aunque, en términos generales, este principio de acuerdo se tomó como un hecho positivo para el comercio internacional y reduce las posibilidades de una recesión económica en el próximo año, para México esto podría significar perder una oportunidad que se configuraba en el mercado norteamericano ante el conflicto con China.

A lo largo de los últimos meses, las exportaciones mexicanas aumentaron su peso relativo en el mercado norteamericano en contra de las exportaciones chinas, que registraron una pérdida en su participación.

La compra de productos chinos por parte de EU cayó -12.5 por ciento en los primeros ocho meses de este año. En contraste, la exportación de productos mexicanos a nuestro vecino creció en 5.6 por ciento en el mismo lapso.

Este cambio expresa el hecho de que los productos mexicanos tuvieron una creciente competitividad frente a las exportaciones provenientes de China, ya algunas sujetas a arancel y otras a la posibildad de sanciones ulteriores.

Además, en las últimas semanas se extendió en Estados Unidos la percepción de que era muy importante la ratificación del nuevo acuerdo comercial de Norteamérica como uno de los instrumentos para conseguir la competitividad de la región y poderle hacer frente con más éxito a China.

Este último argumento será válido, incluso si se concreta el acuerdo cuya base preliminar quedó este fin de semana y sirvió para impedir que a partir de mañana se impongan aranceles a 250 mil millones de dólares de importaciones chinas.

El gobierno mexicano sabe la relevancia de estos hechos, y esta semana una delegación de funcionarios mexicanos acude a Washington para tratar de convencer a los representantes demócratas de la relevancia para Estados Unidos de ratificar el tratado.

Algunos expertos han señalado que la ratificación podría ser una de las herramientas con las que cuente Estados Unidos para poder evitar una próxima recesión.

Pero también se percibe como una concesión de los demócratas a Trump, que probablemente no harían en este contexto preelectoral y con un juicio político contra el presidente en preparación.

Para México va a ser relevante el que se consiga la ratificación. Si ésta ocurre en el curso de este mes o en las primeras tres semanas del mes de noviembre, tendremos una condición mucho más favorable para la inversión en el 2020.

Si no se logra, este ingrediente de certidumbre que tendría México se perdería y ante esa circunstancia, quizás el mejor de los escenarios fuera apenas un crecimiento cercano al 1 por ciento para 2020, aun sin recesión en Estados Unidos.


“Guerras fronterizas”: México, cómplice

Desde el principio de la crisis migratoria entre Estados Unidos y México, el gobierno mexicano ha insistido en que las medidas punitivas inéditas que ha puesto en práctica para perseguir, procesar y deportar migrantes centroamericanos en los últimos meses son resultado no de una negociación bilateral sino de una imposición estadounidense con la que México, amenazado con consecuencias comerciales graves entre otras cosas, no podía más que cooperar. En otras palabras: el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue víctima de un acto de coerción.

Border Wars, un libro de reciente aparición, sugiere que esto es falso. El libro narra con todo detalle la testarudez nativista de Donald Trump por detener la migración indocumentada además de reducir la migración legal y el número de refugiados en la frontera sur de Estados Unidos. Firmado por Michael Shear y Julie Hirschfeld Davis, dos notables corresponsales del New York Times con décadas de experiencia en Washington, el libro ofrece el retrato de un Donald Trump desquiciado que busca a como dé lugar cumplir su principal compromiso de campaña: un asalto a la migración. Es la crónica de una obsesión. Azuzado a cada paso por un círculo de fanáticos nativistas, Trump amenaza a funcionarios, hace berrinches, contempla medidas de consecuencias catastróficas (como cerrar la frontera con México) y despide a quien se le resiste sin miramiento alguno. Al final, frustrado por el incremento en el número de refugiados centroamericanos a la frontera sur, Trump y sus asesores deciden presionar al único socio aparentemente dispuesto a sumarse a la agenda punitiva: el nuevo gobierno de México.

De acuerdo con el libro de Shear y Hirschfeld, las presiones estadounidenses comenzaron incluso antes de que López Obrador tomara posesión. En el principio de un capítulo llamado “Enfrentamiento mexicano”, los autores narran una temprana reunión entre Marcelo Ebrard, el secretario de Estado, Mike Pompeo, y Kirstjen Nielsen, entonces secretaria de Seguridad Interior. En esencia, dice Border Wars, el tema a discutir fue el programa que con el tiempo se llamaría “Protocolos de protección migratoria” o “Permanecer en México”, como se le conoce comúnmente. La intención de los estadounidenses era convencer a los mexicanos de aceptar la implementación de la disposición, una medida legalmente polémica (enfrenta desafíos diversos en las cortes estadounidenses) y sin precedentes que obligaría a miles de inmigrantes centroamericanos a esperar en México durante el transcurso de sus solicitudes de asilo, un proceso que, dado el embudo de las cortes migratorias de Estados Unidos, puede tomar años. A lo largo de las negociaciones, los funcionarios de ambos países incluso rebotaron hasta el nombre final del programa: “Permanecer en México”, dice el libro, sonaba “políticamente problemático”. Al final, los funcionarios estadounidenses dudaban que el gobierno mexicano accediera a colaborar. Y no era para menos: su compromiso para México sería enorme y las consecuencias potenciales gravísimas: la creación de una población flotante, en limbo legal y sin respaldo alguno, en la frontera norte mexicana. “¡Dijeron que sí!”, cuentan Shear y Hirschfeld que reaccionaron las autoridades trumpistas, asombradas, cuando México aceptó. México había puesto, sin embargo, una condición: Estados Unidos debía presentar el programa como “una decisión unilateral que el gobierno mexicano había sido esencialmente obligado a aceptar”. Pero la realidad era evidentemente distinta: el consentimiento mexicano había llegado después de un proceso de negociaciones bilaterales que tomaron meses.

Hasta hoy, el gobierno mexicano niega esta interpretación de los hechos. La semana pasada le pedí a Roberto Velasco, vocero de la Cancillería, su opinión sobre lo que describe Border Wars. Velasco rechazó de manera tajante la versión de Shear y Hirschfeld e insistió en que México ha jugado un papel meramente reactivo durante la crisis. “Fue una decisión de ellos aplicar su ley. Nosotros decidimos cómo responder a ello”, me dijo, insistiendo en la narrativa de la imposición. México “respondió” a la posible negociación de un acuerdo de tercer país seguro y luego “respondimos” a la “decisión de Estados Unidos de implementar su ley”.  El cambio de nombre del programa, me dijo, fue decisión exclusiva de los estadounidenses: “es un tema de ellos”. El viernes pasado, Velasco envió una carta a Animal Político (que publicó un reportaje detallado y notable sobre Border Wars) acusando a Shear y Hirschfeld de no haber “contrastado” la información en el libro con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Después de conocer la posición de Velasco, le escribí a Michael Shear, uno de los autores. Cuando le compartí los reparos de la Cancillería, Shear respondió, con contundencia lacónica: “We stand by our reporting” (sostenemos lo que reportamos y escribimos).

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