10 de octubre, 2019

Las 3 del día

Retirarse a los 70

La Cuarta Convención Nacional de Afores ha traído consigo algo muy positivo: la discusión respecto al tema del retiro.

Existe el consenso de que el sistema de pensiones en México no puede permanecer como está hasta ahora. Se requieren cambios relevantes para modificar su arquitectura y para darle viabilidad de largo plazo.

En meses anteriores se han hecho reformas positivas pero insuficientes. Por ejemplo, la que dio mayor flexibilidad en el régimen de inversión de las Siefores permitirá optimizar el rendimiento de los ahorros de los trabajadores. Igualmente la reducción de las comisiones cobradas también favorecerá el saldo con el que los trabajadores se retiran.

Sin embargo, estas reformas no abordaron el tema fundamental que enfrenta el sistema de pensiones en México: cómo aumentar de modo importante la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje del último salario con el cual los trabajadores se retiran.

Las estimaciones que se han hecho en México, de acuerdo con la metodologías de la OCDE, son que cuando se retire la primera generación de los trabajadores que financien sus pensiones exclusivamente con lo ahorrado en su Afore, tendrán en promedio una tasa de reemplazo de 25 por ciento.

Considerando que el salario promedio de cotización en México está en alrededor de 11 mil 400 pesos mensuales, estamos hablando cuando mucho de una pensión de 2 mil 850 pesos al mes, la cual es notoriamente insuficiente.

Para aumentar la tasa de reemplazo hay dos temas fundamentales y ambos son muy polémicos.

El primero es el necesario aumento de las aportaciones para el retiro. El segundo es el incremento de la edad de jubilación.

El día de ayer, en la Convención de las Afores, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, señaló que el incremento en las aportaciones solamente se decidirá si hay consenso con los trabajadores. Se ve muy complicado que los sindicatos acepten una reducción en el flujo mensual que los trabajadores reciben, que es lo que ocurriría en caso de que se aumentaran las aportaciones a cuenta de los trabajadores.

Sin embargo, los empresarios también rechazan aumentar el porcentaje que aportan y no existen suficientes recursos fiscales para que el gobierno aumente la proporción que pone.

De manera que llegar a un consenso en esta materia se ve realmente muy complejo.

El otro tema es igualmente complicado, el aumento en la edad de jubilación, que en México no reconoce el incremento de la expectativa de vida de la población que está llegando a su edad de retiro y que justificaría retirarse a los 70.


Superdelegados mapaches

Cuando Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su intención de crear la figura de los superdelegados en cada una de las entidades, la oposición saltó y levantó la voz acusando al Presidente de querer todo el poder: “¡Cómo era posible que hubiera una figura por encima de los gobernadores! ¡Cómo una persona concentraría todo el presupuesto estatal! ¡Está enfilando a los nuevos gobernadores para las próximas elecciones!”. Todo esto y un poco más gritaron. En la primera reunión con los gobernadores acotaron sus funciones, lograron que no tuvieran poder de convocatoria en temas de seguridad y menos que tuvieran alguna responsabilidad con la estrategia de seguridad estatal; López Obrador se los concedió, los tranquilizó diciendo que se trataba de figuras meramente operativas para evitar que el dinero estuviera en varias manos como ocurría en sexenios anteriores. Hasta ahora, los superdelegados se han convertido en los fieles acompañantes del Presidente cuando sale de gira: él ordena la construcción de puentes, tapar unos baches en alguna carretera federal, dar mantenimiento a una escuela, y los superdelegados anotan y distribuyen presupuesto.

Han pasado pocos meses, pero no han quedado exentos de polémicas y señalamientos por conflictos de interés; tal vez el más visible, hasta el momento, ha sido el caso del superdelegado de Jalisco, Carlos Lomelí, empresario farmacéutico investigado por los periodistas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, quienes publicaron la adjudicación de contratos millonarios por parte de gobiernos de Morena. Los señalamientos lo llevaron a renunciar al cargo, aunque afirma que pronto “volverá”.

Hoy, los superdelegados son acusados de inmiscuirse en el proceso de renovación de la dirigencia de Morena por desviar recursos públicos. La que los acusa, nada más y nada menos es la secretaria general de Morena en funciones de presidenta, Yeidckol Polevnsky. ¿Qué? Sí, y no sólo se queda en una declaración, sino que amaga con denunciarlos ante la Secretaría de la Función Pública. “Los funcionarios, los diputados, no tienen por qué meterse en los temas electorales, y este tipo de acciones son delitos graves, y así iremos nosotros a hacer la denuncia y no nos va a detener nada ni nadie para ir denunciando todo lo que encontremos con el fin de cuidar al partido”.

La declaración de Polevnsky escala al partido, rebasa cualquier polémica partidaria y señala el desvío de recursos públicos en beneficio de aspirantes a la presidencia de Morena, ¿estos dos renglones que acaba de leer no le parecen lo suficientemente graves como para que le exijamos a la secretaria general de Morena una lista detallada de los superdelegados y legisladores que están en pleno mapacheo electoral?


No pudieron, no renunciaron

El 21 de agosto de 2008, días después de que su hijo fuera encontrado asesinado por sus secuestradores, Alejandro Martí habló frente al presidente Felipe Calderón y su gabinete de seguridad, los gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal. Dijo: “Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien. Pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también es corrupción”.

Marcelo Ebrard, entonces jefe de Gobierno, aceptó el reto ahí mismo. Su procurador era Miguel Ángel Mancera.

Y entonces, arrancó una maquinaria de gobierno brutal que terminó arruinando vidas y no solucionó el secuestro y asesinato.

La fábula que construyó la justicia capitalina comenzó con una supuesta llamada anónima al procurador Mancera el día siguiente de aquel discurso de Martí.

De esa llamada, nunca probada, salieron dos arrestos: el de Sergio Humberto Ortiz Juárez y de Lorena González Hernández.

Después de los arrestos se echó a andar la maquinaria propagandista, se inventaron dos apodos, se inventaron testigos —esto es literal, nunca aparecieron los supuestos testigos, ni uno solo—. Ni una prueba.

Un año después, la Policía Federal detuvo a un grupo de secuestradores y una mujer confesó ser la mujer responsable de los hechos que la justicia de la capital achacaba a Lorena.

Ni así.

Ebrard y Mancera dejaron vivir esa aberración judicial.

En agosto de 2014, los alumnos del taller de periodismo jurídico publicaron este reportaje con base en el expediente https://bit.ly/35mZW4c.

Ese mismo mes, Alejandro Martí dijo con toda claridad que sabía que Lorena no había estado involucrada en el secuestro de su hijo. Aún así, la procuraduría capitalina tardó meses en presentar ante el juez la conclusión obvia: que Lorena no había tenido nada que ver. Que era inocente.

Ortiz Juárez murió durante el proceso y Lorena pasó siete años en la cárcel.

Hoy, gracias al empeño y dignidad de Lorena, acompañada del trabajo de su abogado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Mexicana en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, la PGJ capitalina le ofrecerá una disculpa pública.

Hubo quienes no pudieron y nunca renunciaron.

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