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24 de octubre, 2016

Ciberseguridad: vulnerable en Jalisco


La entidad está en el ojo de autoridades federales ante la producción de pornografía infantil y el abuso sexual registrado. El Cesjal emitió una recomendación a los tres poderes locales para crear una política pública que mejore la seguridad de los menores.

Jalisco mantiene una deuda con la población que ha quedado vulnerable al abuso sexual y la pornografía infantil, como reconocen organismos locales como el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad (Cesjal).

En una recomendación emitida luego de una serie de eventos en los cuales participaron el Cesjal y expertos en la materia, se destaca el tema de la ciberseguridad ante la vulnerabilidad que existe en la tecnología para niñas, niños y adolescentes.

El documento de recomendación en materia de ciberseguridad sexual para los menores de edad fue entregado a los tres poderes del estado, tanto al gobernador de Jalisco, el Congreso local y al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.

El escrito fue entregado en las oficialías de partes de los distintos poderes estatales el pasado 6 de octubre. Siendo en este momento analizado por la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso local desde el pasado 14 de octubre.

Como lo destaca el propio documento, Jalisco es uno de los cinco estados de la República Mexicana con mayor cantidad de cibercrímenes, de acuerdo con el titular de la División Científica de la Comisión Nacional de Seguridad de la Policía Federal, Ciro Humberto Ortiz.

“Se presenta a su consideración el documento de recomendación en materia de ciberseguridad sexual para los menores de edad en Jalisco.

“El cual subraya la relevancia de fortalecer los mecanismos de prevención y educación respecto de los riesgos a los cuales están expuestos los menores de edad cuando acceden a Internet, así como el fortalecimiento en cuanto a necesidades institucionales para la prevención, así como el castigo en los delitos cibernéticos”, dice el oficio entregado.

Prevención, no sólo castigo

El Cesjal destaca cuatro ámbitos: técnico-cibernético, normativo, educativo-cultural y organizacional-institucional.

Una de las más importantes es la problemática normativa de Jalisco, ya que existen deficiencias en el marco jurídico que se centra en la cuestión penal, privilegiando el castigo después del delito, en lugar de mejorar la regulación preventiva de las conductas que tienen los menores y la persecución de los pedófilos en Internet.

Mientras que en el ámbito organizacional-institucional el Cesjal menciona que no existen presupuestos suficientes contra el abuso sexual de menores.

Datos de organismos como la Unicef evidencian que en México sólo se dedica el uno por ciento de los recursos para la infancia a la protección contra violencia, abuso y explotación de infantes y adolescentes.

Por otro lado, tampoco existe una instancia especializada en la prevención proactiva de ciberriesgos y ciberdelitos sexuales contra menores de edad, con infraestructura, personal y atribuciones suficientes para tomar medidas inmediatas que implican que los menores se enfrente a amenazas a su indemnidad sexual.

Gobierno en alerta

El Cesjal recomienda que el Poder Ejecutivo tenga facultades para poder detectar en tiempo real los sitios y amenazas a la población infantil jalisciense.

Ya que las autoridades están imposibilitadas para desactivar o perseguir a quienes difundan estos contenidos en el sentido de que, al menos desde el 2012, la Fiscalía General del Estado la quitó de sus funciones.

Además de que se pide el emprendimiento de una reforma en materia administrativa, civil y penal, para dotar de facultades al Poder Ejecutivo para la vigilancia de esas conductas y prevención proactiva, reformular los delitos sexuales en el Código Penal local y darle un carácter más humanitario para que impere la prevención.

Se propone la creación de un Centro Estatal para la prevención de ciberriesgos y ciberdelitos
sexuales en contra de menores, que depende del Sistema DIF Jalisco.

¿Cómo ayudar?

Las acciones que sugiere el Cesjal para prevenir y atacar la vulnerabilidad de niños y adolescentes en Internet:

> Que el Poder Ejecutivo tenga facultades para detectar en tiempo real los sitios y amenazas a la población infantil jalisciense.

> La creación de un Centro Estatal para la prevención de ciberriesgos y ciberdelitos sexuales en contra de menores.

> Una reforma en materia administrativa, civil y penal.

> Reformular los delitos sexuales en el Código Penal estatal.

Contexto endémico

México atraviesa un serio problema y retraso respecto a la persecución de los delitos sexuales en contra de menores.

Organismos internacionales consideran a México el mayor productor de pornografía infantil y estadísticas de la Policía Federal muestran que la explotación sexual de esta población, a través de medios electrónicos, ocupa el tercer lugar en delitos cibernéticos.

Estudios señalan que en México la persecución y prevención de este tipo de delitos tienen un retraso con respecto a otros países. Incluso en casos que lo involucran como escenario de redes de prostitución.

Por ejemplo, en septiembre de 2015 la justicia australiana detuvo en Melbourne a Matthew David Graham, un joven de 22 años de edad, quien dirigía una red de sitios web que se dedicaban a la oferta de “servicios” de pornografía infantil.

Dichos servicios se ofrecían en varias ciudades del mundo, entre ellas Guadalajara, Monterrey, Morelia y Ciudad de México. Los menores se transportaban a los clientes con una cita previa, a cualquier hotel y con todas la facilidades.

Sobre el caso nunca se inició una investigación o se detuvo a algún implicado en el país, sólo el
comentario público del entonces gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, quien dijo que tomaría nota.

Como sustento a esa red, la División Científica de la Policía Federal de México ha registrado que la mayor parte de los casos cibernéticos con relación a delitos sexuales se concentran en entidades como la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Puebla.

Por Jonathan Ávila

Fuente: Reporte Indigo

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